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Con una trayectoria de más de 25 años en el mercado, Gallego Abogados se ha posicionado como la firma de confianza de los inversionistas de países europeos, entre esos, empresas austriacas, alemanas, holandesas y suizas. Su socio fundador, el Dr. Jur. Helmuth Gallego es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con maestría y doctorado en la Universidad de Mainz en Alemania, con amplia experiencia en el sector financiero, corporativo y mercado de capitales de ambos países. También hace parte de la lista de árbitros especialistas en disputas bancarias y corporativas de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El enfoque de nuestra práctica es abordar las necesidades legales de las medianas y grandes empresas europeas y colombianas de manera integral, tomando en consideración los escenarios de los negocios de las diferentes industrias dentro del mercado colombiano. Nuestro trabajo tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica y la prevención de conflictos a nuestros clientes, garantizando así el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros. Somos especialmente reconocidos por nuestro éxito en brindar a nuestros clientes una perspectiva única a sus políticas empresariales implementadas en el contexto colombiano.
Los clientes de Gallego Abogados pueden esperar un asesoramiento jurídico integral y personalizado bajo los más altos estándares internacionales, así como un compromiso total con
sus intereses empresariales.
Cursa proyecto de ley que pretende regular el uso de obras protegidas por derechos de autor en el contexto en el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos de autores y titulares.
Mediante la Sentencia T-006/25 del 16 de enero de 2025, la Corte Constitucional, en instancia de revisión, analizó el expediente de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano con discapacidad visual contra un gimnasio que le negó el ingreso con su perro lazarillo, exigiéndole como condición la contratación de un entrenador personal o el pago de una suscripción adicional para un acompañante.
Mediante sentencia T-530-2024, la Corte Constitucional instó al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, a expedir una reglamentación que permita la coordinación entre territorios y resguardos indígenas con entidades territoriales y nacionales, con el fin de garantizar la convivencia pacífica en zonas habitadas por diversos grupos étnicos y sociales.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió, el 30 de enero de 2025, un proceso verbal por competencia desleal entre Comunicación Celular S.A. (Comcel – Claro) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM). La sentencia abordó los recursos de apelación presentados por ambas partes contra el fallo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 28 de octubre de 2022.
Mediante Resolución No. 4168 de 2025 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a las empresas del sector lechero con multas que superan los $21.000 millones de pesos, tras comprobar que comercializaron leche entera higienizada (UAT) adicionada con lactosuero.
La Ley 1480 de 2011 estableció las normas cuyo objetivo es proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia anunció la expedición de la Contraseña de Cédula de Extranjería, documento transitorio que certificará el trámite de expedición de la cédula de extranjería a ciudadanos extranjeros con visa superior a tres meses y sus beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto número 1067 de 2015.
Mediante Sentencia T-477 de 2024, la Corte Constitucional negó una acción de tutela presentada por un ciudadano que alegó haber sido víctima de discriminación laboral en razón de su diagnóstico positivo de VIH, tras encontrar desvirtuado por parte de la empresa contratante que la no contratación del ciudadano se debiera a razones de discriminación, sino a criterios objetivos plenamente probados durante el proceso de contratación.
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