Mediante la Sentencia T-006/25 del 16 de enero de 2025, la Corte Constitucional, en instancia de revisión, analizó el expediente de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano con discapacidad visual contra un gimnasio que le negó el ingreso con su perro lazarillo, exigiéndole como condición la contratación de un entrenador personal o el pago de una suscripción adicional para un acompañante.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional determinó que estas restricciones vulneraban los derechos fundamentales del accionante a la igualdad, así como a la recreación y el deporte. En su fallo, la Corte concluyó que el gimnasio incurrió en una vulneración de derechos por las siguientes razones:
(i) Omitió su deber de adaptar el espacio físico del gimnasio a las necesidades de la población con discapacidad visual.
(ii) Desconoció el deber de solidaridad, conforme al cual las personas presentes en las instalaciones deben contribuir a solventar las dificultades que enfrente el accionante en el desarrollo de su rutina de entrenamiento.
(iii) En lugar de asumir su responsabilidad de garantizar condiciones de inclusión, impuso cargas adicionales al accionante como requisito para permitirle el ingreso.
La Corte resaltó que la negativa de permitir el ingreso del perro lazarillo desconocía la importancia de los animales de asistencia en la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. Además, las condiciones impuestas para acceder al gimnasio generaban barreras innecesarias, en lugar de garantizar los ajustes razonables para su inclusión.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte ordenó al accionado adoptar medidas que promuevan la accesibilidad, capacitar a su personal en atención inclusiva, eliminar requisitos que obstaculicen el acceso de personas con discapacidad y modificar su Reglamento General de Servicios, excluyendo a los animales de asistencia o servicio de la prohibición general de ingreso de animales a sus instalaciones.
Finalmente, se remitieron copias a la Policía Nacional para evaluar la posible imposición de una sanción, conforme al Código Nacional de Policía.
